Norma vigente
Texto consolidado
LA JUNTA GENERAL DE LA JUNTA EUROPEA DE RIESGO SISTÉMICO,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) n.º 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico[1], en particular el artículo 3, apartado 2, letras b), d) y f), y los artículos 16 a 18,
Vista la Decisión JERS/2011/1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 20 de enero 2011, por la que se adopta el Reglamento interno de la Junta Europea de Riesgo Sistémico[2], en particular el artículo 15, apartado 3, letra e), y los artículos 18 a 20,
Considerando lo siguiente:
(1) La crisis de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) se ha transformado rápidamente de dramática emergencia médica en grave perturbación económica con posibilidades de convertirse en una crisis financiera sistémica. No se sabe cuánto durará esta crisis ni lo grave que será, pero es obvio que las instituciones financieras deben mantener un nivel de capital que les permita reducir el riesgo sistémico y contribuir a la recuperación económica.
(2) Varias instituciones que son miembros de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), como la Autoridad Bancaria Europea[3] (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación[4] (AESPJ) y el Banco Central Europeo[5] (BCE), y muchas autoridades nacionales, han pedido a las entidades de crédito y a las entidades de seguros y reaseguros de la Unión que eviten desembolsos voluntarios (por ejemplo, pagos de dividendos y primas y recompras de acciones para remunerar a los accionistas). Esto puede contribuir a mejorar la resiliencia del sector financiero, reforzar su capacidad de dar crédito a la economía real en situaciones de crisis, y reducir el riesgo de insolvencia de instituciones financieras a causa de los riesgos relacionados con la COVID-19.
(3) La JERS se encarga de la vigilancia macroprudencial del sistema financiero de la Unión y debe contribuir al buen funcionamiento del mercado interior, asegurando así la contribución sostenible del sector financiero al crecimiento económico. La JERS celebra y respalda totalmente las iniciativas de sus instituciones miembros, pero además considera necesario adoptar una recomendación para velar por que las instituciones financieras del conjunto del sector financiero que pueden suponer un riesgo para la estabilidad financiera mantengan elevados niveles de capital.
(4) La presente recomendación reconoce el comportamiento procíclico de las entidades de crédito y la función decisiva que desempeñan en la economía, y tiene por objeto limitar la distribución de sus beneficios y su capital para aumentar su resiliencia durante la crisis y fomentar el crédito necesario para la economía real. También se propone reducir el riesgo de que, cuando los Estados apoyen a las entidades de crédito durante la crisis, sus accionistas y altos cargos cambien la asignación del capital en su propio beneficio. Además, si algunas entidades de crédito transmiten fortaleza al mercado mediante el reparto de dividendos, su conducta puede socavar la posición relativa de otras instituciones financieras más prudentes, que pueden resultar estigmatizadas. Este último argumento respalda que las medidas que se adopten sean generales, coordinadas y obligatorias. Las empresas de servicios de inversión se incluyen entre las instituciones financieras a efectos de la presente recomendación, pues son importantes para el funcionamiento de los mercados y pueden suponer riesgos análogos a los de las entidades de crédito.
(5) La presente recomendación reconoce el riesgo que esta crisis supone para la solvencia de las entidades de seguros y reaseguros. Es probable que se produzca una reducción de los flujos de caja de nuevas operaciones, unida a un aumento del pasivo como consecuencia de un período prolongado de tipos de interés muy bajos y de un menor rendimiento del activo en el futuro. Puesto que las entidades de seguros y reaseguros desempeñan una función esencial en el sector financiero, existe también el peligro de que tenga lugar una estrategia común de reducción de riesgos, como la venta de los bonos corporativos de mayor rentabilidad, que se amplificaría por rebajas de calificación crediticia a gran escala. Además, es aplicable a las entidades de seguros y reaseguros el mismo argumento referido a las entidades de crédito de que el reparto de dividendos transmite fortaleza al mercado pero es un estigma para su restricción.
(6) La presente recomendación se refiere también a las entidades de contrapartida central (ECC), dada la importancia sistémica de su función de compensación de las operaciones de los mercados financieros. Manteniendo más recursos propios, las ECC podrán cubrir las pérdidas no relativas a incumplimientos, lo que importa especialmente para el riesgo operacional, que estas entidades cubren con recursos propios en vez de con las aportaciones de los miembros compensadores. La presente recomendación asegurará la igualdad de todas las instituciones financieras en un momento en que los ingresos de las ECC podrían beneficiarse de unos mayores volúmenes de operaciones de los mercados y, en su caso, permitirá a las ECC aumentar su participación en la prelación de garantías con carácter voluntario, en vista del incremento general del riesgo debido a la mayor volatilidad de los mercados. Por ultimo, se prevé que el mantenimiento de los recursos propios de las ECC reducirá la probabilidad de tener que recurrir al dinero de los contribuyentes en caso de pérdidas (relativas o no a incumplimientos) en un momento en que el gasto fiscal es objeto de fuerte presión. En general, importa que las ECC mantengan recursos propios prefinanciados suficientes, además de los márgenes iniciales y los fondos de garantía.
(7) La presente recomendación se refiere también a las medidas de las instituciones financieras que reducen la cantidad y calidad de sus fondos propios o su capacidad de absorber pérdidas durante la crisis relacionada con la COVID-19. Son medidas como el pago de dividendos, la recompra de acciones ordinarias y el pago de remuneración variable. La sustitución de acciones ordinarias es compatible con la presente recomendación.
(8) La presente recomendación reconoce los principios que rigen el Mercado Único y la función de estímulo del crecimiento que desempeñan en la Unión la libre circulación de capitales y el reparto de riesgos, y tiene en cuenta los riesgos de posibles externalidades negativas derivadas de las decisiones de las instituciones financieras transfronterizas en tiempo de crisis. La huida hacia la seguridad o el prejuicio doméstico que se observan a menudo en tiempos de crisis financiera pueden influir negativamente en las economías locales. La presente recomendación defiende que las autoridades pertinentes dialoguen cuando consideren la posibilidad de imponer a las filiales de instituciones financieras de la Unión restricciones en materia de distribuciones de capital.
(9) La regulación varía según sectores y Estados miembros, por lo que las autoridades pertinentes deben considerar la posibilidad de emplear las herramientas supervisoras que les ofrezca el derecho interno y de la Unión, tales como las recomendaciones y las directrices, para lograr los objetivos de la presente recomendación en la medida que sea conforme a derecho.
(10) La presente recomendación enumera los tipos de instituciones financieras para las que, como mínimo, deben establecerse limitaciones. Las autoridades son libres de extender las limitaciones a otras instituciones financieras que den crédito a la economía real, como las sociedades de arrendamiento financiero.
(11) La presente recomendación pretende apoyar iniciativas previas del BCE, de la ABE, de la AESPJ y de las autoridades nacionales, e insistir en la necesidad de un enfoque uniforme de la Unión y los distintos segmentos del sector financiero que al mismo tiempo tenga en cuenta la importancia crucial de estos segmentos para la economía real en tiempo de crisis. El fin último que se persigue es que las instituciones financieras mantengan un nivel de capital y una capacidad de absorción de pérdidas suficientes para atenuar los efectos de la actual crisis y facilitar así la recuperación de la economía europea en su conjunto.
(12) La presente recomendación se entiende sin perjuicio de los mandatos de política monetaria de los bancos centrales de la Unión.
(13) Las recomendaciones de la JERS se publican después de informados sus destinatarios y una vez que la Junta General ha informado de su propósito de publicarlas al Consejo de la Unión Europea y ha dado a este la oportunidad de reaccionar.
HA ADOPTADO LA PRESENTE RECOMENDACIÓN:
Recomendación A – Limitación de las distribuciones de capital [6]
Se recomienda que las autoridades pertinentes soliciten a las instituciones financieras sujetas a su supervisión[7] que, al menos hasta el 30 de septiembre de 2021, se abstengan de tomar las medidas siguientes:
a) repartir dividendos o comprometerse irrevocablemente a repartirlos;
b) recomprar acciones ordinarias;
c) contraer la obligación de pagar una remuneración variable a las personas que asumen riesgos importantes,
que conllevan la reducción de la cantidad o calidad de los fondos propios, a menos que las instituciones financieras actúen con extrema cautela al tomar cualquiera de esas medidas y que la reducción resultante no supere el umbral conservador establecido por su autoridad competente. Se recomienda a las autoridades competentes que entablen conversaciones con las instituciones financieras antes de que estas adopten cualquiera de las medidas a que se refieren las letras a) o b).
La presente recomendación es aplicable a nivel del grupo de la UE (o a nivel individual si la institución financiera no es parte de un grupo de la UE) y, en su caso, a nivel subconsolidado o individual.
1. Definiciones
1. A efectos de la presente recomendación, se entenderá por:
a) «autoridad pertinente»:
i) la autoridad competente;
ii) la autoridad encargada de adoptar o activar medidas de política macroprudencial, como por ejemplo:
1. una autoridad designada conforme al título VII, capítulo 4, de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo[8], o al artículo 458, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo[9];
2. una autoridad macroprudencial que tenga los objetivos, organización, funciones, facultades, instrumentos, requisitos de responsabilidad y demás características establecidas en la Recomendación JERS/2011/3[10].
b) “autoridad competente”, la autoridad competente o supervisora tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 40, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 o en el artículo 13, apartado 10, de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [11], según proceda; [12]
c) “institución financiera”, una entidad de las siguientes que tenga su sede social u oficina principal en la Unión:
i) las entidades definidas en el artículo 4, apartado 1, punto 3, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;
ii) las empresas de seguros definidas en el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2009/138/CE;
iii) las empresas de reaseguros definidas en el artículo 13, punto 4, de la Directiva 2009/138/CE; [12]
d) “persona que asume riesgos importantes”, un miembro de una categoría de personal cuyas actividades profesionales inciden de manera importante en el perfil de riesgo de la institución financiera, incluidos los miembros de las categoría de personal a que se refiere el artículo 92, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE, o el artículo 275, apartado 1, letra c), del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión[13], según proceda; [12]
e) «autoridad de resolución», la definida en el artículo 2, apartado 1, punto 18, de la Directiva 2014/59/UE[14].
2. Exenciones
Las autoridades pertinentes podrán eximir de la limitación relativa a las medidas de la recomendación A, letras a) a c), a las instituciones financieras que estén legalmente obligadas a tomar esas medidas.
3. Criterios de aplicación
1. La aplicación de la presente recomendación por las autoridades pertinentes se regirá por los siguientes criterios:
a) debe prestarse la debida consideración al principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta en particular la naturaleza de las instituciones financieras y su capacidad para contribuir a la recuperación económica y a reducir el riesgo sistémico que la crisis de la COVID-19 supone para la estabilidad financiera;
b) debe evitarse el arbitraje reglamentario;
c) las autoridades pertinentes deben evaluar periódicamente a la luz de los objetivos de la presente recomendación los efectos de la limitación impuesta a las distribuciones de capital.
1 bis. Al calibrar el umbral conservador, las autoridades competentes deben prestar la atención debida a:
a) los objetivos de la presente recomendación, en particular la necesidad de que las instituciones financieras mantengan un nivel de capital suficientemente elevado —también habida cuenta su trayectoria de capital— para reducir el riesgo sistémico y contribuir a la recuperación económica, considerando los riesgos de deterioro de la solvencia de las empresas y los hogares como consecuencia de la pandemia;
b) la necesidad de garantizar que el nivel general de distribución de las instituciones financieras bajo su supervisión sea significativamente inferior al de los últimos años previos a la crisis de la COVID-19;
c) las especificidades de cada sector dentro de su ámbito de competencias. [12]
2. La aplicación de la recomendación A, letras a) y b), se regirá por los siguientes criterios específicos: al evaluar si procede aplicar la limitación a nivel subconsolidado o individual, se recomienda que las autoridades pertinentes sigan los principios siguientes:
a) Principio 1: Sin perjuicio de tener en cuenta la necesidad de prevenir o reducir el riesgo sistémico para la estabilidad financiera en sus Estados miembros y en la Unión, las autoridades pertinentes deben apoyar el buen funcionamiento del mercado interior y reconocer la necesidad de que el sector financiero contribuya sustancialmente al crecimiento económico de los Estados miembros y del conjunto de la Unión.
b) Principio 2: Las autoridades pertinentes deben velar por que las limitaciones no supongan efectos adversos desproporcionados para todo o parte del sistema financiero de los demás Estados miembros o del conjunto de la Unión.
c) Principio 3: Las autoridades pertinentes deben cooperar estrechamente entre sí y con las autoridades de resolución pertinentes, inclusive, si procede, con los colegios de dichas autoridades.
4. Calendario de seguimiento [12]
De acuerdo con el artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1092/2010, los destinatarios de la presente recomendación deben comunicar al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, y a la JERS, las medidas que tomen al respecto, así como la justificación adecuada de cualquier inacción. Los destinatarios deberán presentar un informe sobre la aplicación de la recomendación A a más tardar el 15 de octubre de 2021.
5. Modificación de la presente recomendación [12]
Antes del 30 de septiembre de 2021, la Junta General decidirá si debe modificarse la presente recomendación y cuándo debe modificarse, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la evolución macroeconómica y los nuevos datos sobre la estabilidad del sistema financiero. [12]
6. Vigilancia y evaluación
1. La Junta General evaluará las medidas y justificaciones que comuniquen los destinatarios de la presente recomendación y, cuando proceda, podrá decidir que la presente recomendación no se ha aplicado y que el destinatario pertinente no ha justificado adecuadamente su inacción.
2. No será de aplicación la metodología del manual de evaluación del seguimiento de las recomendaciones de la JERS, que describe el procedimiento de dicha evaluación.
3. La Secretaría de la JERS prestará asistencia a los destinatarios garantizando la coordinación de la presentación de información, facilitando las plantillas pertinentes y especificando, en caso necesario, el procedimiento y los plazos de seguimiento. [12]
